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América Latina y el Caribe gana espacio en el Foro Político de Alto Nivel

Miguel Santibáñez

Por: Miguel Santibáñez

Entre el 9 y el 18 de julio integrantes de la Mesa de Articulación de América Latina y el Caribe asistieron al Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (HLPF). Miguel Santibáñez, Director Ejecutivo de ACCIÓN, se refirió a este encuentro y la presencia de las organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe.

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La Mesa de Articulación asistió en julio al Foro Político de Alto Nivel, la instancia internacional más importante de Naciones Unidas para dar seguimiento global a la implementación de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) y Agenda 2030. En el caso latinoamericano, este año diez países presentaron Informes Nacionales Voluntarios (en inglés Voluntary Nacional Review o VNR) y tres de ellos por segunda vez: Colombia, México y Uruguay.

Una de las críticas a la instancia pasa por la relación con la institucionalidad del encuentro, que deja a la sociedad civil muy poco espacio para intervenir. Las presentaciones tienen en total un tiempo que no supera los 30 minutos y se dividen en 15 o 20 minutos de informe oficial para dar paso a preguntas de los Estados miembros y, en los últimos dos o tres minutos, recién se abre a intervenciones de la sociedad civil.

Los informes oficiales están a cargo de los gobiernos, principalmente a nivel ministerial y, en algunos casos, incluye la participación de algún sector relevante de la actividad nacional, como pueden ser parlamentarios, empresarios o, en raros casos, algún representante del sector ONG.

En ellos predomina la re afirmación de actividades que se intentan vincular con la implementación de la Agenda2030, pero que no necesariamente son innovaciones, sino políticas públicas que ya se vienen realizando. En algunos casos hay países que tienen planes nacionales de desarrollo y han intentado hacer una conexión con las temáticas de la Agenda de Desarrollo.

Allí surge un fuerte debate respecto de los grados de participación ciudadana que existen en este espacio internacional.

Esto último es relevante, ya que el Foro se divide en la entrega de los Informes Nacionales Voluntarios y los eventos paralelos, los Side Events, donde el grueso de los eventos son organizados por los mismos gobiernos.

En esta oportunidad entre los más interesantes, más atingentes a nuestra preocupación estaba el organizó CEPAL relacionado con el Acuerdo de Escazú, donde se resguarda el establecimiento de un acuerdo formal que proviene de un debate latinomericano en torno al Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro, la que establece que el mejor modo de tratar los asuntos ambientales es “con la participación de todos los ciudadanos interesados”. Este aún necesita ser ratificado en septiembre de este año para que tenga un valor institucional de mayor peso político. Otro evento interesante fue el que realizó el gobierno francés, también en el campo de los convenios relativos a la temática ambiental, que es una especie de Acuerdo de Escazú pero de nivel global.

Como Mesa de Articulación tuvimos la oportunidad de hacer intercambios con distintos representantes de la sociedad civil internacional -y yo creo que tal vez lo más significativo- es que por primera vez se realizó una actividad propiamente latinoamericana que comenzó como bilingüe (inglés-español) y terminó totalmente en español. Esto un noventa por ciento de la gente era latina y yo diría que eso es tal vez lo más importante para nosotros.

El encuentro se denominó “Participación de las OSC en el proceso de VNR y los mecanismos de seguimiento de los ODS” y, de la Mesa, estuvieron presentes Liliana Bravo de CCONG, Colombia; Addys Then Marte de República Dominicana, de Alianza ONG; Iara Pietricovski de ABONG, Brasil; además de dirigentes a nivel internacional como Oliver, de CIVICUS.

Otro asunto que me parece relevante destacar sobre  la actividad institucional en Naciones Unidas este año tiene que ver con la falta de conceso. Todos los años el HLPF emite una declaración que se ha firmado, históricamente, con un consenso global. Este año hubo un punto muy polémico, el Artículo 12 de la declaración hablaba sobre el Objetivo 16, Paz y Justicia y hacía una referencia a los “Estados ocupados”, lo que generó una polémica porque Estados Unidos e Israel se sintieron agredidos, apuntando a que esto hacía una alusión directa al caso de Palestina.

Por un lado está todo el conflicto palestino, obviamente, pero este año realizó su VNR el Estado de Palestina, que participa en la ONU pese a la situación compleja por el tema territorial. Recordemos que Palestina tiene un estatus especial, un reconocimiento de hecho y, además, Naciones Unidas ha realizado un conjunto de resoluciones de condena a Israel.

Al rendir su informe recibió preguntas de sólo dos Estados miembros: Israel y Estados Unidos, lo que generó una politización del problema. Estados Unidos fue muy agresivo en torno a su planteamiento e Israel hizo toda una alusión a la ayuda que entrega a Palestina. Después hubo dos votos que rechazaron la declaración, que fueron, justamente, Estados Unidos e Israel.

Pese a eso se la declaración se aprobó con los votos de la Unión Europea, Africana, de China, de Latinoamérica, y el resto de las naciones. También, desde la sociedad civil se pronunciaron a favor de Palestina a través de los “Mayor Gropus”. Allí el sector ONG, considerando la voz de América Latina y el Caribe, se refirió a la necesidad de preservar el ODS 16 y seguir construyendo alianzas para alcanzar el horizonte común del Desarrollo Sostenible.