Mesade articulación

Hace poco más de 20 años, un ‘nuevo’ actor social comenzó a irrumpir con fuerza en el escenario internacional, especialmente a partir de la cumbre de la ONU sobre medio ambiente y desarrollo realizada en Río de Janeiro en 1992. Se trataba de un actor algo difuso, de muchos colores y formas, que hablaba con múltiples y diversas voces, y al que sus interlocutores no lograban clasificar o identificar plenamente. Desde entonces, la sociedad civil global ha buscado arduamente definir su identidad, su rol, y sobre todo, ser reconocida por el Estado y otros actores sociales.

En efecto, este nuevo actor ciudadano, supra o extra partidista, no vinculado a gobiernos o corporaciones, y que se ocupaba activamente de temas de interés público, resultaba –y en muchos casos aún resulta- algo desconcertante para el mundo de los pactos y las negociaciones intergubernamentales. Pero, no obstante los eternos debates sobre quién o quiénes constituyen la sociedad civil y cuál es su papel, hoy existe un consenso en que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) o la ciudadanía organizada en torno a la defensa de derechos y temas de interés público, deben tener un lugar en la discusión de los principales temas mundiales.

Actualmente en todo el mundo, donde quiera que se realicen debates, negociaciones o acuerdos relativos al medio ambiente, el desarrollo sostenible, los derechos humanos y otros asuntos de alcance global, y donde hasta hace poco solo accedían quienes detentaban el poder político o económico, las OSC ciertamente han ganado espacios y se han hecho escuchar, llevando las demandas de miles de personas al seno de la ONU y de otras instancias mundiales o regionales. Es un avance que, sin embargo, no significa que las OSC no tengan que enfrentar constantemente barreras burocráticas, financieras y políticas para lograr la participación en estos foros internacionales.

Un ejemplo de ello es el proceso de negociaciones de la llamada agenda post-2015, esto es, el marco de desarrollo que debiera regir a los países una vez que se haya cumplido el plazo para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) acordados por la comunidad internacional en el año 2000.

La ONU, en un loable esfuerzo por no repetir la experiencia de formulación de los ODM,  donde la participación ciudadana estuvo prácticamente ausente, lanzó en 2012 un proceso de consulta y participación de la ciudadanía que, a pesar de las buenas intenciones, aún tiene enormes limitaciones. Una de ellas es la dificultad de la ONU y de los gobiernos nacionales de lidiar con un actor que no es monolítico ni homogéneo, sino múltiple y diverso. Las propias OSC, por su parte, se enfrentan a los límites de sus capacidades financieras, de articulación, propuesta, negociación, entre otras.

Para hacer frente a estos retos, las OSC se han organizado en diversas coaliciones de la sociedad civil, entre las que destaca la campaña Más Allá de 2015 (Beyond 2015), cuya coordinación regional para Latinoamérica y el Caribe reside en ACCION, en tanto secretaria de la MESA de Articulación de plataformas nacionales y redes regionales de ONG.

Y si en el ámbito global  aún queda mucho camino por recorrer, la situación es aún más desafiante a nivel de los países. A fin de mantener una interlocución significativa, que se base en un marco legal y unas reglas del juego conocidas y aceptadas por todas las partes, las OSC necesitan ante todo ser reconocidas por el Estado como actores sociales y políticos. También requieren de un entorno democrático que garantice la libertad de opinión y  expresión, en el seno de una sociedad que tolere y respete el disenso y la crítica hacia el gobierno. Y un financiamiento que les permita funcionar de manera autónoma e independiente. A todas estas condiciones se les denomina ‘ambiente favorable’ o ‘habilitante’.

Pero hoy en día, todo indica que en muchos países de Latinoamérica y el Caribe, las OSC trabajan en condiciones muy alejadas de lo que se podría describir como ambiente favorable; y que, por el contrario, se desenvuelven bajo la creciente amenaza de criminalización, y enfrentando barreras institucionales, políticas y financieras a cada paso.