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Guatemala: Los aportes de la agricultura familiar campesina a la economía

Álvaro Caballeros

Por: Álvaro Caballeros

El año 2014 fue declarado por Naciones Unidas como el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Esta iniciativa se constituye en un claro reflejo de la importancia que la Agricultura Familiar Campesina tiene para el mundo y en una oportunidad única para posicionar y lograr cambios favorables, institucionales, financieros y legales, que promuevan condiciones propicias para este olvidado, pero determinante sector económico.

En Guatemala, a pesar de no reconocerse su importancia, la agricultura familiar campesina produce el 70% de los alimentos que llegan a la mesa, ocupa al 38% de la PEA (1.9 millones de personas), 1,299,377 familias rurales dependen de la actividad agropecuaria, 890,000 hectáreas se utilizan en cultivos anuales (maíz, frijol, arroz) y aproximadamente 5 millones de personas se benefician directamente de esta actividad, contribuye con un 14% a la conformación del PIB nacional, representa la inversión más importante a nacional, dinamiza el comercio local, regional e internacional, y al practicarse de forma sustentable favorece el medio ambiente.

Sin embargo, actualmente no existen condiciones favorables para su promoción, porque en los últimos 20 años se ha desbaratado el marco institucional dirigido a la agricultura, se han limitado los créditos, disminuido las inversiones públicas y se consolidó una política asistencialista que mina prácticas sustentables y soberanas. No se reconoce el papel determinante de la agricultura y prevalecen imaginarios que menosprecian su valor real (frases comunes como “me importa un bledo”, “me importa un pepino”, “me importa un rábano”, suelen escucharse a nivel urbano para referirse a situaciones que implican poca importancia).

La agricultura familiar campesina además se enfrenta a contextos desfavorables. La falta de acceso y el acaparamiento de la tierra afectan considerablemente la agricultura familiar campesina en el contexto de expansión de monocultivos (caña de azúcar, palma africana, hule, teca) que desplazan tierras destinadas a la producción de alimentos, además del acaparamiento y contaminación del agua.

Ante este escenario, es fundamental reconocer el papel estratégico de la Agricultura Familiar Campesina como alternativa a la crisis alimentaria que amenazan al mundo y el país, mediante la generación de condiciones favorables para su desarrollo, la inversión en la agricultura por parte del Estado a través del incremento del presupuesto y mejora en la ejecución del mismo, la creación de programas de fomento de producción campesina sostenible, dotar de tierras aptas para el cultivo a más de medio millón de familias campesinas sin tierra, estimular formas asociativas para mejorar la producción, vincular la producción agrícola con redes de mercado justo y alternativo, promover la agricultura sustentable, el acceso a la tierra para las mujeres y jóvenes. Promover la soberanía alimentaria y abandonar el asistencialismo mediante la distribución irresponsable de fertilizante químico y bolsas de comida instantánea, volver a la política de abastecimiento de granos, promover la autosuficiencia alimentaria y sentar las bases de una agricultura familiar sustentable que garantice empleo, abastecimiento alimentario y dinamice las economías locales familiares y comunitarias.

Necesidad de una política favorable para la agricultura

La política agraria en Guatemala es la base sobre la que se erige el modelo de agricultura. La estructura bipolar, latifundista y minifundista, que hunde sus raíces en la Colonia, persistió tras más de 300 años y tuvo un paréntesis de 18 meses de reforma agraria, fue consolidada en la contrarrevolución de 1954 y desde entonces, salvo procesos de colonización vía INTA y mecanismos fracasados de reforma agraria asistida por el mercado, sigue marcando el ritmo y las condiciones de reproducción del sistema finca-parcela, donde la agricultura familiar campesina ha subsistido en un contexto secular de abandono, menosprecio y condiciones desfavorables que repercuten en el empobrecimiento y en la reproducción de un círculo vicioso de hambre y desnutrición.

Las políticas para la agricultura, definidas estratégicamente durante la revolución de 1944 y reforzadas en el mercado del desarrollismo de la CEPAL de los años 60, crearon un marco legal e institucional, que promovió acciones favorables para la agricultura (INTA, ICTA, BANDESA, MAGA, DIGESA, INAFOR), pero sin llegar al centro del problema que era la democratización en el acceso a tierra, la inversión estatal estratégica en la agricultura y la definición de una política de Estado para el desarrollo rural. Mientras que las agro exportaciones siempre fueron privilegiadas mediante subsidios, políticas laborales favorables para la agro exportación, precios desiguales en el mercado externo frente a precios caros para el mercado interno, proteccionismo, legislación y en la puesta del aparato estatal a su servicio.

La implementación de programas de ajuste estructural desencadenó las peores consecuencias para las millones de familias agrícolas, desestructuración del marco institucional para la agricultura, abandono del campo, libre comercio, eliminación de barreras arancelarias para la producción de trigo, consolidación de imaginarios que desvalorizan la tierra, la agricultura y el campesinado, penetración y consolidación de patrones de agricultura convencional y desvalorización generalizada de la producción agrícola sustentable/ancestral, así como la disminución del presupuesto del MAGA en proyectos productivos, siendo el asistencialismo, una estrategia cortoplacista que fue sustituyendo la inversión en la agricultura.

Las políticas asistencialistas se consolidaron, se han constituido en las únicas acciones que han tenido continuidad a lo largo de los últimos 20 años y aunque se proclama el lanzamiento de nuevos programas insignias del MAGA (PAFFEC) estos no logran romper con el paradigma asistencialista que ve al /la campesino/a como objetos de caridad pública, siendo ésta una apuesta política disfuncional, porque aunque es clientelar no ha logrado la reelección del partido en el poder, demostrando el fracaso del asistencialismo en el combate al hambre y la desnutrición.

Es fundamental para el Estado de Guatemala retomar la prioridad por la agricultura, a través de una política agrícola que revierta la actual tendencia asistencialista y que genere condiciones para el rescate de la agricultura, mediante una mejor asignación presupuestaria en apoyo a procesos productivos en el agro, un programa de agricultura diversificada sostenible y promoción de fabricación de abono orgánico en base a las experiencias de las organizaciones indígenas y campesinas.

Imaginemos Guatemala al año 2050, con las tasas actuales de crecimiento de población, la demanda de alimentos se duplicará, si a eso le agregamos la demanda de países emergentes de los alimentos que la población urbana se ha dado el lujo de menospreciar y el cambio de uso de suelos para monocultivos. ¿Qué comeremos entonces? El Estado de Guatemala debe adelantarse a ese panorama.

Fuente: CONGCOOP