Mesade articulación

Organizaciones de la Sociedad Civil como actoras del desarrollo en el Paraguay

Susana Aldana

Por: Susana Aldana

El recorte significativo en cuanto a cooperación para el desarrollo hacia Paraguay ha tenido un impacto importante en diversas instituciones de la sociedad civil, en los últimos 3 años, de manera estimativa, al menos 100 organizaciones no gubernamentales han tenido que cerrar sus puertas, y al menos otras 300, han reducido significativamente sus áreas de trabajo.

En febrero de 1989, se inició en el Paraguay un proceso de transición a la democracia luego de 35 años de dictadura[1]. Los años de transición política posibilitaron que la sociedad civil viviera un proceso progresivo de aprendizaje en el ejercicio de las libertades públicas. Nuevos actores y nuevas demandas aparecieron en el escenario político-social a partir de esa fecha.

La fragilidad de diversas instituciones públicas era evidente, debido a que durante muchos años fueron cooptadas por intereses particulares que construyeron un Estado clientelar y corrupto. Aún con diversas dificultades, los espacios de articulación entre sociedad civil y las autoridades de gobierno comenzaron a incrementarse en forma gradual.

El año 2005 marcó un hito importante con el establecimiento de Programas Nacionales de Desarrollo durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos (2003 – 2008), si bien la incorporación activa de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en el diseño, implementación, control y evaluación de dichas políticas fue todavía escasa.

En agosto de 2008 asumió la presidencia Fernando Lugo, quien estableció como una de sus prioridades la profundización de las políticas sociales, sobre todo, aquellas relacionadas con la lucha contra la pobreza y la reducción de las desigualdades. A partir de ahí, se empezó a discutir más abiertamente la necesidad de una mayor participación de la sociedad civil en los esfuerzos de las políticas de desarrollo del gobierno.

Las organizaciones de la sociedad civil habían presentado a las autoridades una serie de propuestas orientadas a mejorar tanto los diversos servicios públicos, como las políticas sociales. Además fueron involucrándose activamente en desarrollar mecanismos de monitoreo y seguimiento de políticas públicas. Un ejemplo de ello es la campaña sobre Impuestos Justos, a la par de un trabajo realizado con relación a un mayor incremento al presupuesto tanto en salud como en educación.

En el ámbito de la formulación, control y evaluación de las políticas públicas, incluyendo las políticas económicas, la participación de las OSC es limitada. Esfuerzos como Paraguay Debate, o el Monitoreo de Indicadores Sociales realizado por la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y Adolescencia (CDIA), han sido elementos nuevos, pero aún incipientes. Los insumos aportados por estas organizaciones no siempre son escuchados por los entes gubernamentales. En el  ámbito de los Derechos Humanos, a través de informes de denuncias sobre violaciones a derechos humanos, es donde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) ha logrado tener un mayor nivel de audiencia e impacto en confrontar las opiniones de actores de gobierno, y los medios de comunicación han jugado un rol importante en darle difusión a los contenidos.

Por otra parte, un estudio realizado por la Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de  ONGs  de  América  Latina  y  el  Caribe, en abril del 2014 indicaba que: “La ayuda oficial al desarrollo cayó en un 2,7% en 2011 en términos reales”…. Y la región de América Latina pasó a ser una región no prioritaria para los desembolsos de la cooperación: los flujos de Ayuda Oficial al Desarrollo  (AOD)  hacia  América  Latina  y  el  Caribe  sólo  alcanzaron  7%  de  la participación mundial en 2010 (las cifras más recientes), en contraste con África y Asia, que recibieron 37% y 30% respectivamente ([2]). El recorte significativo en cuanto a cooperación para el desarrollo hacia Paraguay ha tenido un impacto importante en diversas instituciones de la sociedad civil, en los últimos 3 años, de manera estimativa, al menos 100 organizaciones no gubernamentales han tenido que cerrar sus puertas, y al menos otras 300, han reducido significativamente sus áreas de trabajo.

A pesar de los crecientes recortes de la ayuda para el desarrollo que llega al país,  los esfuerzos en la promoción, protección y defensa de los derechos de grandes grupos poblacionales sigue siendo una constante. El trabajo de los diversos organismos de derechos humanos, en especial de los vinculados a las organizaciones campesinas, a los grupos de mujeres y de niños prueban ser de los más vitales en los últimos años.

Las desigualdades de género, la violencia contra las mujeres y las niñas, así como la explotación laboral de niños y adolescentes siguen siendo temas preocupantes en el país. Pero también la destrucción masiva del medio ambiente, sobre todo con el sacrificio de millones de árboles que en aras del cultivo de soja van, no sólo despoblando grandes regiones del país, sino también provocando importantes migraciones de población del campo a la ciudad.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil como actoras del desarrollo en el Paraguay deben continuar trabajando a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, promover la sostenibilidad ambiental, e impulsar el establecimiento de redes y alianzas efectivas que ayuden a compartir conocimientos y comprometerse con el cambio social. La rendición de cuentas y la transparencia sigue siendo una tarea pendiente en el país, a pesar de ello, se considera que los liderazgos sociales en el Paraguay muestran un renacimiento y una fortaleza como en sus mejores años en la lucha contra la dictadura.

Susana Aldana es Coordinadora ejecutiva de la Asociación de ONG del Paraguay (POJOAJU).

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[1]      Régimen dictatorial del Gral. Alfredo Stroessner (1954 – 1989)

[2]          [2]Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONGs de América Latina y el Caribe – Unión Europea.  Aporte a la generación de propuestas de mecanismos de financiamiento de las ONG en el Cono Sur y Brasil. Abril de 2014. 217 pp.