Mesade articulación

Pronunciamiento público en defensa de la democracia

Se venían anunciando posibles irregularidades en la organización y realización de los comicios electorales nacionales, dada la inobservancia del Principio de Seguridad Jurídica, entendido como la aplicación objetiva de la Ley, de tal modo que las personas conozcan sus derechos, garantías y obligaciones, y tengan certidumbre y previsibilidad de todos los actos de los órganos del Estado.

Se venía percibiendo un deterioro evidente de la democracia y su institucionalidad, dada la inobservancia del Principio de Independencia al ser evidente la subordinación del Tribunal Supremo Electoral a otro órgano del poder público.

Se venían escuchando múltiples voces disidentes dentro del partido de gobierno y fuera de él y, principalmente, en el resto de la ciudadanía boliviana, de oriente y occidente, frente a la inobservancia del Principio de Supremacía Constitucional por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional que habilitó a Evo Morales Ayma y Alvaro García Linera a la reelección indefinida, con la aplicación preferente de la Convención Interamericana de Derechos Humanos sobre cuatro artículos de la Constitución Política del Estado (CPE) que no permiten la re-elección indefinida. Al dar preferencia al fallo del TCP, el Órgano Electoral no dio cumplimiento al Referendo Constitucional de 2016, en el que la población boliviana rechazó la modificación del artículo 168 de la CPE y se impuso el No a la reelección de Morales y García Linera, con un 51 por ciento de los votos.

Se venía sintiendo el profundo desgaste de un proceso de cambio que no quiere cambiar, frente a la inobservancia de Principios de Transparencia, Honestidad y Confianza; por el contrario, el llamado “proceso de cambio” profundiza la polarización social, el clientelismo y la cooptación de quienes, en otros tiempos, rechazaron un modelo de gobernanza que hoy se reproduce con más y mejores destrezas para desconocer y desvirtuar la voluntad popular, tanto de votantes afines al MAS como a otras fuerzas políticas.

Se venían acumulando distintos hechos, pero el detonador del resquebrajamiento de la democracia en Bolivia se produjo el domingo 20 de octubre, a las 19:40, cuando el Tribunal Supremo Electoral difundió los datos del conteo del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) al 83%, con una tendencia a la segunda vuelta entre Evo Morales y Carlos Mesa; suspendió el conteo y, luego de 24 horas, actualizó los datos del TREP mostrando que con más de 90% de avance, la tendencia había cambiado y el MAS se perfilaba a ser el ganador sin balotaje. La Misión de Observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) calificó de “inexplicable lo sucedido”; la Unión Europea (UE) expresó que tiene “serias dudas” respecto al conteo electrónico de votos del TSE pero, además, se generalizó la protesta callejera ciudadana, con quemas de tribunales electorales, destrozos, enfrentamientos entre ciudadanos y uso de la fuerza policial.

La fiesta democrática del pasado 20 de octubre, cuando el pueblo boliviano acudió a las ánforas para cumplir con su deber y ejercer su derecho a votar, se desdibujó con el cuestionable accionar del Tribunal Supremo Electoral que confirma la falta de institucionalidad democrática que ha regido en su interior durante los últimos años.

Así, la ciudadanía boliviana no acepta, ni confía en los resultados de las recientes elecciones y está dispuesta a movilizarse para hacer respetar su voluntad y sus derechos, al existir en ella la

sensación de fraude reforzada por los discursos del oficialismo asegurando la victoria del MAS y omitiendo toda posibilidad de segunda vuelta, cuando los resultados parciales indicaban la tendencia irreversible de ésta.

En este sentido, la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social, en defensa de la democracia y el Estado de Derecho:

1. Manifiesta su disconformidad con el accionar del Tribunal Supremo Electoral, y exige la renuncia del mismo por la irresponsabilidad con la que han conducido el proceso
2. Exige a las autoridades nacionales viabilizar la realización de la segunda vuelta de las elecciones nacionales, en aras de la pacificación nacional y el respeto a la ciudadanía. Ello, en consonancia con el postulado de dejar que el pueblo tome la decisión final. En toda contienda electoral existen reglas que se deben
3. Demanda a las autoridades competentes que se realicen las investigaciones necesarias para identificar y sancionar a las personas responsables de las distintas irregularidades denunciadas por la ciudadanía, en el marco de las elecciones
4. Insta a todas las bolivianas y bolivianos a manifestar su opinión y posición de manera pacífica, exigiendo el cumplimiento de sus derechos en el marco del respeto y la paz, en aras de mantener la cohesión social en torno a la ética democrática y el bien común.
5. Ratifica su compromiso con la defensa de la democracia y el ejercicio del derecho a la protesta, expresión de las tres libertades fundamentales (asociación, reunión pacífica y expresión) para asegurar el control del poder público.
6. Exhortamos a las autoridades en ejercicio y agentes del orden público, a respetar las normas internacionales de protección de los DD.HH. evitando el uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza pública y la represión de las movilizaciones
7. Repudiamos que hechos como la agresión física sufrida por el defensor de derechos humanos, Waldo Albarracín, en el ejercicio de su derecho a defender la democracia, puedan repetirse generando mayor violencia en el contexto de movilización ciudadana. Es de rigor investigar para que ningún acto contra ciudadanos y ciudadanas queden en la
8. De igual manera, condenamos los lamentables sucesos que derivaron en actos vandálicos que afectaron bienes públicos y la seguridad ciudadana en diversos departamentos del país. Sin embargo, en cualquier caso se debe garantizar el debido proceso para investigar y sancionar a instigadores y

Por una Bolivia digna y democrática!

Bolivia, 22 de octubre de 2019

Asociación de Promotores de Salud Area Rural, APROSAR Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA Centro de Comunicación y Desarrollo Andino, CENDA

Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, CEJIS

Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija CER-DET Centro de Investigación y Apoyo Campesino, CIAC

Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, CIDEM

Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, CIPCA Defensa de Niñas y Niños Internacional, DNI-Bolivia Fundación Social Uramanta

Instituto de Investigación y Capacitación Campesina, IICCA

Instituto de Investigación Cultural para Educación Popular, INDICEP Investigación Social y Asesoramiento Legal Potosí, ISALP

Apoyo al Desarrollo Sostenible Interandino, KURMI Mujeres en Acción

Centro de Comunicación y Educación Popular PIO XII Servicios Múltiples de Tecnologías Apropiadas, SEMTA

Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social, UNITAS