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Alerta regional por el asesinato de Marielle Franco y la situación de los Defensores de Derechos Humanos

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Por: Mesa Articulación

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Preocupación en toda la región ha causado el asesinato de Marielle Franco, defensora de los Derechos Humanos, feminista y concejala de izquierda de Río de Janeiro el 14 de marzo justo cuando se desarrollaba en Salvador de Bahía una nueva versión del Foro Social Mundial.

La propia Marielle Franco se definía como: “Mujer, negra, de Maré (complejo de favelas en Río de Janeiro) y defensora de los Derechos Humanos”. Pese a su origen precario, fue a la universidad, entró en política y en 2016 resultó elegida como la primera concejala de la comunidad, convirtiéndose en un ejemplo de a dónde se puede llegar. Además, obtuvo una de las mayores votaciones en Río, localidad en que, en los últimos años, han aumentado fuertemente los homicidios en general y los asesinatos cometidos por policías, volviendo a niveles que no se veían desde fines de los 90. Hechos que ella permanentemente visibilizaba.

Días antes de ser asesinada, Marielle había acusado directamente a la Policía Militar brasileña del homicidio de un adolescente y realizado duras críticas a su actuación en el barrio de Acari, en la zona norte de la ciudad. La concejala del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), volvía de un acto político el miércoles pasado en Río cuando un automóvil se puso al lado del suyo y desde el interior dispararon nueve veces. Su asesinato despertó una ola de movilización social en Brasil y señales de respaldo en toda América Latina y el Caribe.

Este crimen ocurrió en el contexto de la cuestionada decisión del gobierno de Brasil de intervenir militarmente el estado de Río de Janeiro. El Decreto Nº 9.288, del 16 de febrero de 2018, resolvió que la Secretaría de Seguridad del Estado fuera ocupada por un militar. Este decreto es extremadamente amplio en cuanto a las condiciones de la intervención militar y, a la vez, muy impreciso en los mecanismos de control político y judicial que debieran supervisar la actuación militar.

Integrantes del Ministerio Público Federal cuestionaron la constitucionalidad del decreto y su compatibilidad con los estándares de Derechos Humanos. Como si ello fuera poco, las más altas autoridades militares reclamaron “garantías para actuar sin el riesgo de que surja una nueva comisión de la verdad”, es decir, sin rendir cuentas a la sociedad. Ante esto la Red de Sitios de Memoria y Derechos Humanos, que opera en toda Latinoamérica, emitió un firme comunicado de rechazo alertando que la intervención militar en el ámbito civil podría complicar las cosas y tener como consecuencia la pérdida de vidas humanas.

El homicidio de Marielle Franco tiene que ver justamente con esto. En su rol de legisladora había sido elegida relatora de una comisión legislativa municipal y su objetivo era supervisar la intervención militar. Esta misión era un hito más de una larga trayectoria de denuncia de la violencia policial. Por lo mismo, su asesinato se leyó como una amenaza a las y los activistas y defensores de Derechos Humanos que visibilizan y controlan a los militares y policías, como un intento de disciplinarlos y así garantizar la impunidad de las fuerzas.

Por lo mismo, diversas organizaciones llamaron a Brasil a iniciar de manera inmediata las investigaciones para encontrar a los culpables del asesinato político de Marielle y garantizar su no repetición; a cesar la persecución y criminalización de las y los defensores de Derechos Humanos en el territorio y brindarles protección, así como garantizar el ejercicio político de la oposición.

En este contexto, representante de la Mesa de Articulación presentes en  Foro Político sobre Desarrollo Mundial (PFM) que se desarrolló desde el 20 al 23 de marzo en Bruselas, Bélgica, levantaron la voz por Marielle Franco, para alertar a las empresas europeas sobre lo que está ocurriendo en Brasil, en toda la región y poner acento en la necesidad de proteger a los defensores, cuestionando también el rol de las empresas en la represión de la protesta social en diversos territorios.

La sociedad civil a nivel regional viene denunciando los graves efectos que tiene la militarización de la seguridad, una medida que resulta ineficaz para resolver los problemas que plantean las dinámicas delictivas, sirve como coartada para no reformar y democratizar las fuerzas policiales y, finalmente, se ha visto cómo puede derivar en gravísimas violaciones de los Derechos Humanos.

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Imagen homenaje: Sergio Moraes/Reuters
Imagen manifestación: Pilar Olivares/Reuters
Imagen Principal: Mindia Ninja/PSOL