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La sociedad civil internacional expresa su gran preocupación por la disolución del principal partido de la oposición en Camboya y el cierre gradual de su espacio cívico

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Por: Mesa Articulación

El 16 de noviembre, el Tribunal Supremo de Camboya decidió disolver el principal y único partido de la oposición (el CNRP por sus siglas en inglés). Esta acción fue considerada por muchos como una maniobra del gobierno para asegurar su dominio en las próximas elecciones nacionales que tendrán lugar en 2018. El Foro Internacional de Plataformas de ONG (IFP-FIP), una red global de la sociedad civil, que reúne a más de 22 mil ONG, con miembros en más de 60 países, emite esta declaración pública en la que manifiesta su pesar por lo que describe como una violación de las libertades fundamentales por parte del gobierno de Camboya, y enfatiza su solidaridad con la sociedad civil camboyana.

Motivados políticamente, los cargos presentados ante el Tribunal Supremo no fueron tratados de manera imparcial. Varias organizaciones internacionales y diversos medios de comunicación han puesto al descubierto el hecho de que el juez Dith Munty, presidente de la Corte Suprema, es un miembro importante del partido gubernamental y una persona cercana al primer ministro, el Sr. Hun Sen. “Sin la posibilidad de apelarla, esta decisión contribuye aún más a la reducción del espacio político en Camboya, dejando una sociedad con un solo partido político, el del gobierno, y millones de ciudadanos sin una verdadera representación política”, dijo Magda Toma, directora del FIP.

El Foro Internacional de Plataformas de ONG considera que este evento solo empeora el carácter autoritario del gobierno camboyano. Leyes restrictivas para la sociedad civil, persecución de activistas, levantamiento de la inmunidad de los parlamentarios de la oposición, cierre de periódicos, radios y ONG -como Equitable Cambodia o National Democratic Institute-, exilio forzado o voluntario de figuras políticas, criminalización de la libertad política son todas acciones que reflejan el clima tenso en que vive actualmente la sociedad camboyana, la actitud autocrática del gobierno y las dificultades que enfrenta la sociedad civil para tratar de operar en estas condiciones.

El FIP señala que Camboya, a través de su Constitución, su legislación y diversos instrumentos internacionales que ha firmado voluntariamente, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, expresó su intención de defender los derechos humanos en todas sus acciones. Por ejemplo, un documento de 2015 enviado por el Gobierno de Camboya al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dice: “Cabe señalar que el Gobierno Real y el Ministerio del Interior están cumpliendo los principios internacionales como la base del respeto de los derechos humanos y la democracia, de acuerdo con la constitución del país “.

Reconociendo la responsabilidad de Camboya hacia su pueblo y hacia la comunidad internacional a la que pertenece, el FIP, representante de la sociedad civil mundial, reitera su apoyo a la sociedad civil camboyana y rechaza enérgicamente estos últimos acontecimientos. “La comunidad internacional -funcionarios de la UN, países signatarios, partes interesadas y sectores de la sociedad civil en general- debe denunciar estos actos y pedir al gobierno que se esfuerce por mantener plenamente los principios fundacionales de los Acuerdos de París del 23 de octubre de 1991 sobre Camboya”, dijo su directora.

Miguel Santibañez, presidente del FIP, hablando en nombre de los 22,000 miembros de la organización, hace un llamado al gobierno de Camboya para que “respete sus compromisos con respecto a los derechos humanos, garantice todas las formas de libertad política y deje de hostigar a los actores de la sociedad civil, incluidos los defensores de los derechos humanos y otros activistas “.