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¿Por qué los gobiernos le temen a las ONG? Reconfiguración de la relación Estado – Sociedad Civil

MESA DE ARTICULACIÓN

Por: MESA DE ARTICULACIÓN

En sus inicios, varias organizaciones no gubernamentales fueron concebidas como instrumentos de lucha por la democracia y por la libertad, e iniciaron su camino de la mano de distintas fuentes de financiamiento y ONG europeas comprometidas con causas socioeconómicas y políticas en Bolivia y otros países de la región latinoamericana.

En algunos casos, la relación de apoyo se estableció en países donde habían conseguido asilo algunos políticos de la época; en otros, la cooperación se basó en el aporte solidario de la población europea sensibilizada con los niveles de pobreza y las proyecciones de transformación sociopolítica en América Latina.

Una vez que las ONG de ese entonces consiguen sus objetivos políticos de defensa y conquista de la democracia, su accionar apunta a nuevos retos. En un Estado que adolecía de muchas debilidades, especialmente porque no respondía a las demandas y necesidades de su población en un contexto de pobreza, las ONG, principalmente en el área rural, comienzan a desplegar acciones que suplen el rol del Estado a través de planes, programas, proyectos y servicios en diversas áreas.

Así, de la promoción de la conciencia social y el activismo político dirigido hacia la reivindicación de los intereses campesinos, de sus comunidades, sus problemáticas y su producción, con el pasar de los años, su trabajo se fue enfocando en la búsqueda de mejores condiciones de vida y el empoderamiento de los sectores excluidos y menos favorecidos del país. Con una visión de apoyo al desarrollo social y potencializando, al mismo tiempo, el desarrollo económico para mejorar la vida de las personas más necesitadas, las ONG desarrollaron diversas experiencias y metodologías de intervención en materia educativa, de salud, producción agrícola, desarrollo de tecnologías apropiadas, medioambiente, asistencia técnica, investigación, capacitación, equipamiento e infraestructura, comunicación, dotación de insumos, incidencia pública, fortalecimiento organizativo… constituyéndose en Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo.

Sin embargo, en la actualidad, las ONG como actores en el desarrollo y defensoras de derechos humanos, enfrentan cada vez más restricciones, sistemáticas descalificaciones y poca apertura para el pluralismo político. Ello visibiliza el estado de situación y las limitaciones y obstáculos para el ejercicio de derechos civiles y políticos, pues están expuestas a situaciones de vulnerabilidad política e institucional, a amenazas que atentan contra la democracia y a restricciones a la libertad de asociación a través de mecanismos de registro y regulación, que tienen relación con la tendencia regional de perseguir, castigar y criminalizar las actividades de protesta social y las reivindicaciones legítimas de quienes promueven y defienden derechos humanos, especialmente en el contexto de megaproyectos de inversión económica y explotación de recursos naturales que afectan derechos de pueblos y comunidades en América Latina.

El proceso impulsado por las organizaciones de la sociedad civil en espacios de consulta y debate nacional, regional y global, así como su participación oficial en el Grupo de Trabajo sobre Efectividad de la Ayuda, a cargo de la evaluación global de la implementación de la Declaración de Paris y de la Agenda de Acción de Acrra, han logrado el reconocimiento de  los Principios de Estambul y el Marco Internacional para la Eficacia del Desarrollo de las OSC en el Documento Oficial del Foro de Alto Nivel sobre Efectividad de la Ayuda al Desarrollo que tuvo lugar en Busan a fines de 2011. Las organizaciones de la sociedad civil pueden atribuirse el mérito de haber reforzado la apropiación democrática y los derechos humanos en el Documento Final de Busan (BOD) para que gobiernos y donantes cooperen al desarrollo de forma consistente con los acuerdos, normas y estándares internacionales de derechos humanos; adopten enfoques basados en derechos; empoderen a las personas pobres, pueblos indígenas, y  otros grupos marginados; promuevan la participación, el trabajo decente, la igualdad de género, los derechos de las mujeres; y garanticen resultados de desarrollo sostenibles y equitativos.

Lamentablemente, no han logrado que sean más claros los compromisos de parte de los gobiernos y donantes para proveer condiciones favorables para que las organizaciones de la sociedad civil puedan operar sin que sean amenazadas por actos de violencia, limitaciones a su espacio legal y político. Ello se evidencia, en el caso boliviano, en la aplicación de una normativa que atenta contra la libertad de asociación de ONG, organizaciones sociales, fundaciones y entidades sin fines de lucro, y en medidas administrativas que obstaculizan el ejercicio del rol contestatario, reflexivo y propositivo que históricamente han jugado en el país, para aportar al proceso de cambio estructural y a la superación del sistema democrático representativo hacia otro más participativo e inclusivo.

Públicamente se conoce la posición del gobierno, señalando una supuesta intromisión de ONG en las decisiones de las organizaciones indígenas, o que algunas reciben financiamiento con fines desestabilizadores del Gobierno del Presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales.

Un gobierno democrático necesita leyes, regulaciones y prácticas que respeten los diversos principios y normas fundamentales, como condición previa para tener una sociedad civil eficaz y consolidada.  La autonomía e independencia de la sociedad civil en torno a lograr cambios estructurales que permitan la realización de los derechos humanos, con énfasis en los derechos colectivos de los sectores más vulnerables de la sociedad, actualmente parece ser el mayor desafío para construir una cultura basada en el pluralismo y la democracia participativa, en la independencia de los poderes en el Estado Plurinacional y en los cambios institucionales que los movimientos sociales han generado en Bolivia.

Por ello la importancia de generar y garantizar las condiciones apropiadas para que las OSC desarrollen su acción sin interferencias injustificadas ni restricciones de ninguna naturaleza, más aún en un país donde las ONG han jugado un importante papel para que se generen cambios que, históricamente, han sido demandados por la población boliviana.

De la lectura de los objetivos, misiones y visiones de decenas de ONG se colige que no solo realizan labores de desarrollo: son centros de procesamiento de ideas, de generación de agenda; instituciones de soporte programático —formal o informal— de las organizaciones y movimientos sociales.[1]

En ese marco, las organizaciones no gubernamentales tienen aún mucho potencial para seguir actuando en el ámbito público, sin fines de lucro, legalmente constituidas, independientes y jugando  un  papel  crucial  en  el  proceso  de  desarrollo  como  agentes innovadores  de  cambio  y  de  transformación  social.

¿Por qué los gobiernos le temen a las ONG, cuando esas entidades han trabajado por lograr mejores condiciones de vida para las poblaciones más necesitadas, para apoyar la democracia y la defensa de los derechos humanos?

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[1] Partidos políticos y think tanks en Bolivia, Carlos Toranzo Roca. Extracted from Thinking Politics: Think Tanks and Political Parties in Latin America (Spanish) © International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2009.

Susana Eróstegui es Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social, UNITAS, (Bolivia), red nacional de Desarrollo y Derechos Humanos, y miembro de la Mesa de Articulación.