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Sostenibilidad, acceso a los recursos y rendición de cuentas

MESA DE ARTICULACIÓN

Por: MESA DE ARTICULACIÓN

Para promover la participación, llevar las voces de la ciudadanía, brindar servicios, defender derechos, innovar en la búsqueda de soluciones ante los retos de la pobreza y la desigualdad, las organizaciones de la sociedad civil, además del compromiso y la participación voluntaria, necesitan los recursos que lo hacen posible.

Es por esto que el acceso a los recursos y la sostenibilidad misma de las organizaciones de la sociedad civil es siempre un tema de alto interés en la agenda de este sector.

En distintos países de la región de América Latina y El Caribe, las organizaciones han luchado y siguen luchando en la creación o en las reformas de sus marcos regulatorios,  en los cuales también se incluye la cuestión de la financiación.  Por ejemplo, en países como México, la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, 2004, la Ley 122-05 de Fomento y Regulación de las Asociaciones sin Fines de Lucro de República Dominicana, 2005, definen mecanismos de financiación pública a tales organizaciones.

Una de las más recientes en el continente es la 13019 sobre Regulación de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Brasil, 2014, siendo uno de su principales logros la creación de un instrumento de financiamiento público a las organizaciones.

Como vemos en distintos países de la región, hemos estado avanzando hacia marcos legales más específicos, que reafirman y dan forma al derecho de la libre asociación y que, además, establecen mecanismos para el financiamiento público a las organizaciones de sociedad civil.

Sin embargo, en paralelo a avances como estos, también encontramos una serie de amenazas vinculadas a la sostenibilidad misma de las organizaciones, nos referimos a los esquemas de  financiamiento de las acciones de estas organizaciones.

Por un lado, la realidad de la reducción de los flujos de cooperación internacional a la región América Latina y El Caribe. Para el 2012-2013 la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) hacia esta región representó apenas un 7,1% de la AOD global, siendo la segunda región con la menor proporción después de Europa, de acuerdo con la OCDE.

Otra cuestión no menos importante es la relativa a las restricciones al financiamiento, una realidad que organizaciones como CIVICUS, y el International Center for Not-for- Profit Law, han alertado tanto en países del Norte como del Sur. Restricciones de carácter legal, así como estigmatización a la financiación internacional.

Por ejemplo, en República Dominicana encontramos pronunciamientos desde distintos ámbitos que estigmatizan a determinadas organizaciones de la sociedad civil, especialmente del área de derechos humanos, por recibir financiamiento internacional.

Para atender las restricciones a la sociedad civil, en cuanto a los recursos, han surgido iniciativas como el Proyecto Protección del Espacio Cívico y Derecho de Acceso a los Recursos, que lideran Comunidades de las Democracias y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Maina Kiai.

Se trata de un proyecto que promueve una serie de principios, basados en normas y estándares internacionales de derechos humanos relacionados con la capacidad de la sociedad civil de solicitar, recibir y utilizar recursos:

Principio General 1: La capacidad de solicitar, recibir, obtener y utilizar los recursos es inherente al derecho a la libertad de asociación y es esencial para la existencia y el funcionamiento efectivo de toda asociación.

Principio General 2:Los Estados deben permitir a las asociaciones solicitar, recibir y utilizar fondos extranjeros como parte de sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos con el fin de movilizar los recursos disponibles dentro de la sociedad en su conjunto  y a partir de la comunidad internacional.

Principio General 3: Las organizaciones de la sociedad civil y los sectores empresariales deberían regirse por un conjunto equitativo de normas y reglamentos (equidad sectorial).

Ante estas realidades,  la sostenibilidad, el acceso a los recursos y libertad de asociación parecen aspectos fuertemente vinculados entre sí, y requieren un abordaje político desde las propias organizaciones de la sociedad civil. También ameritan un abordaje indispensable, que es competencia de las propias organizaciones, el imperativo de la transparencia y la rendición cuentas. Este es, sin dudas, un tema complementario.

Addys Then Marte es Directora Ejecutiva de Alianza ONG, República Dominicana.