Mesade articulación

Desafíos de la Sociedad Civil contemporánea en Uruguay

Pedro Delprato

Por: Pedro Delprato

En Uruguay, la Sociedad Civil organizada se prepara para participar en el futuro Diálogo Nacional, propuesto por el Presidente Tabaré Vázquez.

En tal sentido, las organizaciones comienzan un proceso de análisis y reflexión interno, en torno a diversos temas, que considero son parte del debate por el cual circulan las diferentes redes y organizaciones de la sociedad civil, en nuestro continente, y que quisiera poner a consideración, como aportes para el intercambio.

Como parte del proceso interno, se elaboró un documento de trabajo[1], que ubica, en primer momento, la necesidad de contar con una agenda propia, que ponga de manifiesto el sentido político de éste sector de la sociedad, y que focaliza sobre “3 concepciones:

  1. Sociedad civil como ámbito público, eje conceptual que lleva a trabajar sobre el tema de agenda de la sociedad civil en la actualidad: cuáles son sus temas, sus campos de acción, sus propuestas, etc.
  2. Sociedad civil como contracara del Estado, aproximación que conduce a analizar el campo de la interacción con el Estado: el análisis de los mecanismos desarrollados y la experiencias transitadas en este plano.
  3. Sociedad civil como instancia institucional, concepción que pone en el centro el tema del fortalecimiento institucional de la trama organizativa.”

1. Sociedad civil como ámbito público

Inicialmente, se entiende a la sociedad civil como un conjunto de iniciativas y actores que tienen por objetivo intervenir en cuestiones públicas, en los temas que atañen a la sociedad en su conjunto. Desde este enfoque, las organizaciones de la sociedad civil constituyen asociaciones voluntarias de grupos de ciudadanos comprometidos con problemáticas particulares o sectoriales, que están dirigidas hacia el ámbito público, y convocan al interés colectivo de la sociedad. Es por ello que la sociedad civil puede ser asimilada con el “ámbito público no estatal”.

Esta definición permite sostener que la sociedad civil no solamente es un “sector” de actividad que se interesa por sus demandas sectoriales, sino también un espacio de debate y acción social en torno a problemáticas públicas. Por tanto, las cuestiones públicas, las que preocupan al conjunto de los ciudadanos, no son solo responsabilidad del Estado, lo que fundamenta la pertinencia de la intervención de la sociedad civil en dichas problemáticas.

Sin embargo, puesto que la trama asociativa de la sociedad civil se construye en base a iniciativas voluntarias referidas a cuestiones particulares, y que no cubre al conjunto de temas emergentes de la sociedad, planificar la participación de la sociedad civil organizada, parte por identificar las cuestiones principales que han estructurado el trabajo de las organizaciones, que dan legitimidad a planteos serios; y que podrían identificarse en cinco cuestiones principales:  i) la situación social y educativa de la niñez y la adolescencia; ii) la integración social y territorial; iii)  la cuestión de género y, particularmente la violencia;  iv) la formación para el trabajo y la producción; y v) la sustentabilidad ambiental.

A su vez, el cambio en el contexto, con un Estado con mucho más presencia en la rectoría y construcción de políticas sociales, de mayor convergencia hacia los planteos históricos de la Sociedad Civil, y un contexto económico favorable, interpela a las organizaciones, donde cabe preguntarnos: ¿Qué vigencia tiene la agenda de la sociedad civil en la actualidad? ¿Cómo se relacionan esas cuestiones y enfoques estratégicos con un modelo de desarrollo que ha llevado a reducir desigualdad y un gobierno que ha expandido la vigencia de los derechos sociales?

2. Sociedad civil como contracara del Estado: las modalidades y mecanismos de interacción

Otra de las concepciones sobre la sociedad civil, la define como un ámbito alternativo y complementario al Estado. Según este enfoque, la diferencia entre uno y otro ámbito está presente en los principios y lógicas de acción: la libertad y voluntariedad de la sociedad civil frente a la estructura de autoridad y obligaciones que suponen las relaciones de ciudadanía con el Estado. La sociedad civil es vista, de este modo, como contracara del Estado.

El postulado de la distinción de la sociedad civil respecto del Estado, puede asumir matices diferentes. En un extremo, se postula una relación con el sistema político institucional en clave de demanda o confrontación, por fuera de instancias institucionalizadas, buscando incidir en las decisiones a través del debate público y las campañas de opinión pública, así como en base a acciones públicas de protesta.

Otra posición, asigna valor positivo a la interacción regulada con el Estado, que jerarquiza la estrategia de la incidencia, es decir, la intervención de la sociedad civil en las decisiones estatales, pero sin comprometerse en la ejecución de dichas decisiones, es decir, en la gestión de las políticas. En términos muy generales, se afirma que la participación de la sociedad civil lleva a democratizar la relación entre Estado y ciudadanía, y en este sentido, a mejorar las políticas públicas.

En la otra punta, encontramos las prácticas que forman parte de estructuras de colaboración con el Estado en la gestión de políticas sociales. La convergencia en las agendas de ambos sectores, a lo que hacíamos referencia previamente, se suma a una combinación de factores que llevan a fortalecer estas estructuras de articulación: para las políticas públicas, la inserción social y territorial de las organizaciones facilita la llegada de las prestaciones estatales a los destinatarios; y para las organizaciones, esas políticas constituyen fuentes de recursos para cumplir con sus objetivos y asegurar la sostenibilidad de su trabajo.

En la práctica efectiva de las organizaciones cabe encontrar experiencias de deliberación – diálogos o debates acerca de la orientación de las políticas- , de incidencia – intervención en decisiones de política- , de colaboración – participación en la ejecución de las políticas- , y de  control – monitoreo o vigilancia de procesos y resultados-.

Así, se evidencia que detrás de las diferentes modalidades de interacción establecidas desde la sociedad civil, subyacen visiones diferentes  respecto del papel que deberían asumir las organizaciones en relación con el Estado, volviéndonos a realizar preguntas de ¿Cómo pensar la relación de la sociedad civil con el Estado en países en los que éste se presenta como la principal fuente de financiamiento? ¿Cómo resignificar la idea de autonomía en estos contextos?

3. Sociedad civil organizada como instancia institucional: el fortalecimiento

Resulta pertinente plantear la cuestión del desarrollo y fortalecimiento de la sociedad civil organizada.

Hablar de fortalecimiento de la sociedad civil abarca varios ejes de acción, desde lo relativo a la ampliación de los recursos y particularmente el desarrollo de los recursos humanos;  el incremento y densificación de las redes, articulaciones y, más en general,  las relaciones de confianza entre organizaciones; y el mejoramiento del marco normativo que regula y fomenta la acción de las asociaciones.

Algunos de estos ejes convocan legítimamente a la intervención estatal, tanto porque refieren al marco normativo que regula al sector, como porque tratan acerca del desarrollo de recursos, cuestión que pone en debate las formas de financiamiento estatal de la actividad asociativa.

Para avanzar en propuestas de consenso en torno al tema de la legislación de regulación y fomento de la sociedad civil, es evidente que el contenido de las propuestas que se planteen en este tema están fuertemente ligadas con las posiciones respecto de la relación que la sociedad civil debería mantener con el Estado, tal como se puntualizó en el apartado anterior.

En éste sentido, nos realizamos las siguientes preguntas: En el plano de la sustentabilidad económica de las organizaciones, ¿qué tipos de apoyos correspondería solicitar al Estado (apoyo financiero, información, respaldo legal, vinculación, etc.-) y en qué condiciones (en el marco de ejecución de programas estatales o por fuera de ellos; cómo seleccionar a las organizaciones destinatarias)? ¿Qué forma debería asumir la regulación estatal? ¿Qué aspectos de la vida de las organizaciones deberían estar regulados (transparencia, régimen laboral, etc.), y cuáles deberían quedar fuera de la tutela estatal?

En síntesis, si bien los conceptos planteados hacen al debate de la Sociedad Civil Organizada en Uruguay, no es posible desconocer que los procesos sociales poco reconocen las fronteras, y las agendas actuales de la sociedad civil se vinculan, cada vez más,  con fenómenos de escala regional y global, unificando debates, en pos de sociedades más democráticas y participativas.

[1] Documento elaborado por Adriana Rofman. Socióloga. Especialista en temas de participación ciudadana, sociedad civil y territorio. Apoyo de PNUD en Uruguay.

Pedro Delprato es Presidente de ANONG, Uruguay.