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Propiedad y ciudadanía

Manuel Gómez

Por: Manuel Gómez

En el ambiente de las Organizaciones de la Sociedad Civil desde hace muchos años está instalado un debate dilemático sobre la conveniencia o inconveniencia de la propiedad privada. Como todo dilema, los argumentos se suelen anclar en los extremos dejando poco espacio para conciliar los infinitos matices que podrían aparecer si las posturas fueran más plurales. En esos extremos hay quienes sostienen que la propiedad privada es un cúmulo de vicios y la propiedad pública una fuente absoluta de virtudes.

Desde una visión más plural pareciera que hay consenso en que la propiedad privada sin regulación suele vulnerar la vida colectiva en diversos ámbitos: enormes daños ambientales, exclusión social por la vía de la desigualdad en los ingresos y en las oportunidades, e injerencia en la política para posicionar los intereses propios como intereses comunes. Desde esa visión también pareciera haber consenso en que la propiedad pública, más allá de sus virtudes, alberga desventajas diversas: ineficiencia en el uso de los recursos debido a ambigüedad de los dolientes (propiedad de todos, propiedad de nadie), utilización de lo público como si fuera privado (corrupción), y utilización de lo público para hacer proselitismo político (peculado de uso y clientelismo).

Ahora bien, la reflexión que se impone aborda la relación entre propiedad y ciudadanía. Es bien sabido que la vieja propiedad feudal tenía como contraparte los siervos de gleba; solo cuando los siervos se aburguesaron se pudieron plantar como individuos libres y luego como ciudadanos cuando promulgaron la República en 1789. La dependencia económica de las personas de los propietarios privados devino inevitablemente en servidumbre, de donde se podría afirmar que toda dependencia (aunque sea dependencia del Estado) tiene la servidumbre y no la ciudadanía, como consecuencia.

Los Estados Patrimoniales a los que somos tan aficionados en América Latina tienen poca propensión a la generación de ciudadanía porque las conexiones que establecen con la sociedad suelen ser relaciones escarpadas y verticales que se caracterizan por una serie de mecanismos casi siempre inmorales: clientelismo, compadrazgo, nepotismo, chantaje, soborno y súplica. De allí que la ciudadanía tiene como precondición la independencia del mercado y del Estado. Tal como lo señala Alain Touraine: “El sujeto personal sólo puede formarse apartándose de las comunidades demasiado concretas, demasiado holistas, que imponen una identidad fundada sobre los deberes más que sobre los derechos, sobre la pertenencia y no sobre la libertad (…) la idea de sujeto no crece en los invernaderos demasiado protegidos. Es una planta silvestre” (Touraine, 1997. P 65)

La idea de la ciudadanía es también una reivindicación de la subjetividad individual y una aspiración democrática que se oponen a las fuerzas hegemónicas del mercado y miran con recelo a las nuevas revoluciones que sueñan con la purificación social, política o étnica, y con la creación de un hombre nuevo que se sume unánimemente a un poder autoritario.

En resumen la ciudadanía es un reclamo de autonomía de los individuos frente al mercado que se desborda en promesas liberales, frente al Estado que ofrece la salvación de los pueblos, e incluso, frente a los movimientos sociales con acentos comunitaristas que arremeten contra subjetividad de las personas concretas que albergan sueños de libertad.

Manuel Gómez Naranjo es directivo de Sinergía, Venezuela.