Mesade articulación

Diagnóstico para la acción

La acción del proyecto, se fundamenta en tres elementos centrales: Aprovechar las oportunidades de la región, enfrentar los contextos de criminalización y actualizar la discusión  sobre el rol de las ONGs.

1.- Aprovechar las oportunidades de la región:

Las actividades de la presente propuesta se sustentan en la idea de que las potencialidades de la región latinoamericana ofrecen una oportunidad cierta para el desarrollo y fortalecimiento de la sociedad civil, dado que no será posible avanzar en los nuevos desafíos de la región sin una sociedad civil fuerte y con un rol protagónico en estos procesos.

América Latina es una región que ha devenido en un mercado de expansión y desarrollo,  que la está situando como una de las zonas económicas más evolucionadas en la presente década. Su posición estratégica, entre el Pacífico y el Atlántico, le ha permitido estrechar vínculos tanto con las economías asiáticas como con las europeas, llevándola a una especial centralidad en la esfera global. Esta situación está alentando a sus países a asumir plenamente su responsabilidad de cara al futuro, rechazando tanto los tratamientos paternalistas como las tutelas externas, por medio de un renovado interés por alcanzar un estatuto internacional que dé cuenta adecuadamente de sus capacidades y sus potencialidades.

Las organizaciones de la Sociedad Civil, en el actual contexto latinoamericano, buscan conciliar la diversidad de identidades y preferencias valorativas de los ciudadanos, arraigados en comunidades altamente desarticuladas, con la universalidad de los derechos humanos. Para ello aportan elementos que permitan redefinir las relaciones entre lo estatal y lo social, superando la perspectiva tradicional que ha considerado al Estado como el único defensor de los intereses universales. Señalan así una agenda de cambios que pasan por vincular la gobernabilidad a la gobernanza, propiciando la  transparencia, la rendición de cuentas y la participación activa, donde la ciudadanía no esté subvalorada ni clientelizada. Esta tarea requiere un proceso que fomente la dimensión creativa de la democracia, capaz de superar la antinomia entre “democracia sustantiva” y “democracia procedimental” por medio de organizaciones autónomas, arraigadas en el ámbito local pero con una perspectiva cosmopolita.

2.- Enfrentar la criminalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil en América Latina.

De acuerdo al informe “Restricciones a las ONGs en América Latina”, elaborado por la MESA de Articulación, una serie de situaciones dificultan el trabajo desde México, al norte de la región, hasta Chile en el sur. En Guatemala “se advierte un clima persistente de ataques e incidentes violentos en contra de los defensores de derechos humanos”; en Nicaragua se han denunciado “actos de serio hostigamiento, persecución judicial, cuestionamientos e incluso amenazas contra las defensoras de derechos humanos y miembros de las organizaciones feministas que defienden en particular el derecho al aborto terapéutico”; en México sólo en 2010 Naciones Unidas registró cinco asesinatos de defensores, tres de los cuales fueron de mujeres. Entre ellas Bety Cariño defensora de los derechos humanos e integrante de la Red de Radios Indígenas Comunitarias del Sureste Mexicano; en Colombia, 64 organizaciones sociales y de derechos humanos fueron víctimas de algún tipo de agresión; en Chile hubo un fuerte y progresivo cierre de los flujos de la cooperación internacional desde mediados de los noventa. La Agencia chilena de Cooperación Internacional, (AGCI) monopoliza los recursos de la cooperación internacional que antes llegaban por el canal no gubernamental, creando el efecto perverso de hacer competir y ahogar en gran medida las iniciativas ciudadanas de beneficio público; en Brasil desde 2001 se implementaron tres Comisiones Parlamentarias de Investigación (CPI) sobre las ONG.

3.- Actualizar el debate sobre el rol de las ONG:

En América Latina se han promovido políticas que reducen la participación del Estado.  Sin embargo,  el combate a las situaciones de pobreza en un amplio sentido (económica, social, cultural, política, etc.) no ha sido una labor que exclusivamente ha desarrollado el Estado. Este rol ha sido acompañado por diversas Organizaciones de la Sociedad Civil. En muchos casos, la ONGs reemplazaron al Estado –principalmente en la década del 70 y  80 canalizando fondos de la cooperación internacional para estos fines, cumpliendo un rol central en la mejora de la calidad de vida de miles de personas en nuestro continente.

Con el fin de las dictaduras en el continente, esta situación comienza a revertirse  dando paso a lo que se va a denominar ‘crisis de las ONGs’. El Estado comenzó a canalizar los aportes de la cooperación internacional, disminuyendo en parte la centralidad del papel de estas organizaciones y de las fuentes de financiamiento que permitían el funcionamiento de estas instituciones. Durante muchos años, el financiamiento de las ONGs se obtuvo de la cooperación internacional, particularmente en la época donde se instalaron gobiernos dictatoriales, con el retorno de la democracia se transitó a un modelo mixto, donde las fuentes de financiamiento se mantuvieron de la cooperación internacional, pero combinadas con aportes del Estado, el cual insufló recursos como forma de activar y agilizar el combate a la pobreza.

Una de las cuestiones centrales que lleva a esto, son las clasificaciones que obtienen muchos países de América Latina, los países llamados de ‘renta media’ con ingresos per cápita  que comienzan a tener un alza sostenida, serán considerados países no receptores de financiamiento o, en el mejor de los casos, tendrán una fuerte disminución de recursos internacionales. A esto se suma la crisis actual en Europa que ha llevado a algunos países a disminuir las fuentes de financiamiento de apoyo al desarrollo para enfrentar las crisis internas, o a poner mayor atención en otros continentes donde los problemas de pobreza y democracia se visualizan con mayor fuerza que en nuestro continente.

Entonces, si bien las ONGs han sido un actor relevante y han realizado un aporte innegable en la construcción de prácticas democráticas, en la defensa de los derechos humanos, en el trabajo con las comunidades más afectadas por las desigualdades, en materia de libertad de expresión, en la protección del patrimonio ambiental y cultural y en la ampliación de los derechos de las mujeres entre otras muchas cosas, hoy en día se ven enfrentadas a un situación de ‘crisis de orden financiero’ pero también respecto de “su rol en este nuevo contexto”,  reflexión para ambos casos que es un desafío en términos de configurar una estructuración del nuevo sistema de cooperación y  en la redefinición de la  identidad  de las ONGs dentro de él.  Lo que está en juego es la sustentabilidad institucional, entendida no solamente como mantenimiento económico, sino también como permanencia en el tiempo con misión y objetivos claros, es decir, la identidad propia y su relaciones tanto con otros actores que han surgido en el escenario político –movimientos estudiantiles, de ‘indignados’, entre otros- así como con los actuales desafíos de la democracia.